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Los riesgos de la pensión universal para los adultos mayores

Desde su comienzo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado inmerso en la polémica, principalmente por la construcción de obras de infraestructura de dudosa rentabilidad, como el Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como por programas sociales de apoyo a los jóvenes, como la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y la entrega de apoyos para capacitación de cientos de miles de mexicanos que no estudian ni trabajan con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Existe un programa, sin embargo, que en su concepción ha estado prácticamente libre de críticas: la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (PAM). Si bien ha habido denuncias por retrasos o faltas de pago, la aceptación del programa ha sido prácticamente unánime: izquierda y derecha parecen haber determinado que la pensión de carácter universal es justa y genera beneficios sociales claros. Es tan grande el apoyo a la PAM que criticarla se ha vuelto políticamente incorrecto.

En efecto, la PAM es un programa con grandes virtudes: permite apoyar a millones de personas que no cuentan con una pensión y genera beneficios indirectos para los familiares que deben cuidarlas. Asimismo, por su carácter universal, permite reducir el costo burocrático, el clientelismo y la corrupción en el otorgamiento de los apoyos.

Existe un problema con la PAM, sin embargo, que parece haber pasado desapercibido por analistas y críticos: su costo es prácticamente insostenible para las finanzas públicas. Para el ejercicio fiscal 2019, se le asignó un presupuesto de 100 mil millones de pesos (mmdp), 150% más que en 2018. Sin embargo, durante el primer trimestre de este año, la erogación real fue de 32 mmdp. De continuar el mismo nivel de gasto el resto del año, se sobrepasaría el presupuesto asignado en 28%. No obstante, dado que el gasto tenderá a crecer conforme se sumen beneficiarios al programa, el presupuesto podría rebasar en más de 30% lo programado.

Para poner en perspectiva lo que significa la PAM, la erogación estimada para 2019 es casi 15 veces el presupuesto total para turismo este año, 4 veces el presupuesto para medio ambiente y es un monto superior al presupuesto destinado al ramo de salud. Además, el monto es más del doble de lo presupuestado para los programas insignia de los jóvenes. A continuación, se presenta un comparativo del costo sexenal del programa, sin ajustes, con otras prioridades gubernamentales.

Si bien debido a las dificultades en la implementación de los programas sociales este año el gobierno logrará balancear adecuadamente sus ingresos y sus gastos, el próximo año se generará el primer reto monumental para las finanzas públicas, una vez que la mayor parte de los beneficiarios se haya registrado en dichos programas. De cumplirse con las metas de la PAM (otorgar un apoyo de corte universal a los adultos mayores de 68 años e indígenas mayores de 65 años), en 2020 el presupuesto requerido para el programa podría ascender a casi 150 mmdp.

La PAM significa un mayor riesgo presupuestario que cualquier obra de infraestructura o cualquier otro programa social porque crecerá de manera importante año con año. Si el gobierno decide mantenerla, al igual que sus otros programas prioritarios, se vislumbran 3 cursos de acción: 1) implementar una nueva reforma fiscal que probablemente reduzca el escaso crecimiento económico del que goza el país; 2) incrementar la deuda pública y con ello poner en riesgo la endeble estabilidad macroeconómica de México; o 3) seguir recortando el gasto y la inversión pública, afectando sectores como el medio ambiental y el turístico, así como la salud y la educación públicas.

Otra posibilidad que generaría menores distorsiones consistiría en realizar ajustes al programa, como: 1) establecer un tope máximo de ingresos para poder recibir el beneficio, para que quienes ya cuentan con una pensión digna u otros ingresos extraordinarios no reciban la PAM, 2) reducir el monto bimestral del apoyo, 3) incrementar la edad para poder recibir la pensión a, por ejemplo, 70 años de edad y 4) una combinación de estas medidas.

Si bien la universalidad de la PAM tiene sus beneficios, financieramente resulta onerosa. Con el fin de continuar apoyando a los adultos mayores que más lo necesitan sería deseable mejorar la focalización del programa y considerar un incremento en la edad requerida para recibir el beneficio. Los recursos del Estado son escasos y muchas cosas que serían deseables no son alcanzables. ¿Preferimos entonces a un gobierno que gaste en pensiones para quienes no las necesitan o a uno que focalice su gasto y, al mismo tiempo, invierta en un mejor sistema de salud pública, en mejor educación y en más y mejor infraestructura?

* Ignacio Camacho cuenta con experiencia en temas regulatorios, hacendarios y de opinión pública. Se ha desempeñado como coordinador de asesores en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), como administrador de opinión pública en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y como consultor independiente para la Universidad de California, Berkeley. Es licenciado en Economía y Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de California, Berkeley, así como un diplomado en Dirección Estratégica por la Universidad de Harvard.

REFERENCIA:

CAMACHO, Ignacio, “Los riesgos de la pensión universal para los adultos mayores” (11 de Junio de 2019) Periódico: Animal Político. Consulta: 11 de Junio de 2019https://www.animalpolitico.com/columna-invitada/los-riesgos-de-la-pension-universal-para-los-adultos-mayores/